Durante muchos años, el diseño de los sistemas de seguridad electrónica se ha apoyado fundamentalmente en criterios funcionales. En videovigilancia analizamos cobertura, resolución, almacenamiento o capacidad analítica; en control de accesos prestamos atención a lectores, credenciales, controladores, disponibilidad e integración; mientras que en intrusión valoramos detectores, comunicaciones y capacidad de respuesta. A todo ello se suman hoy la interfonía IP, los centros de control, las plataformas de gestión y una infraestructura de comunicaciones que conecta un número creciente de dispositivos y servicios.

Todos estos parámetros continúan siendo esenciales, pero ya no son suficientes. Una cámara IP, un controlador de accesos, una central de intrusión, un videoportero o un servidor de gestión no son únicamente elementos destinados a proteger físicamente una instalación. También ejecutan software, utilizan protocolos de comunicación, gestionan credenciales e intercambian información y, con frecuencia, permiten su administración remota o utilizan servicios externos.

Proteger una instalación exige, por tanto, mirar más allá de su funcionamiento físico y considerar también la seguridad digital de los sistemas que utilizamos para hacerlo.

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Una de las cuestiones que se plantea en los sistemas electrónicos de seguridad es si un aviso de puerta forzada generado por un sistema de control de accesos puede ser tratado por una Central Receptora de Alarmas (CRA) como una alarma por confirmar.

Para que este tratamiento sea posible, es necesario que el sistema de control de accesos forme parte del sistema de seguridad dentro del ámbito de la seguridad privada.

Conforme al artículo 23 de la Orden INT/314/2011, se entiende por sistema de seguridad “el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión o para la protección de personas y bienes, cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial”. Asimismo, se considera que forman parte de la instalación del sistema de seguridad aquellos elementos que complementan estos dispositivos, incluyendo los controles de acceso.

Por tanto, un aviso generado por la apertura mediante fuerza o manipulación de una puerta dotada de control de accesos podría ser considerado un evento de seguridad susceptible de intervención policial, siempre que la instalación cumpla los requisitos aplicables.

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