La Generalitat de Cataluña ha aprobado el Decreto 35/2017, de 11 de abril, que regula el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada y el Registro de seguridad privada de esta comunidad autónoma.

En particular, el artículo 7 recoge las funciones en materia de videovigilancia con finalidades de seguridad privada

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